Exposición de Motivos

En el Año Internacional de los Afrodescendientes, declarado por la ONU, se renovó
un fuerte compromiso entre los países de América Latina para impulsar políticas públicas
a favor de personas de origen afro.
Hay países que se hallan a la vanguardia en materia de legislación a favor de los
afrodescendientes, como lo demuestra la publicación “Compendio normativo regional
afrodescendiente de América Latina”. En un cuadro comparativo en base a legislaciones
favorables a la población afrodescendiente y políticas antidiscriminatorias, este trabajo
coloca a Brasil, Colombia y Ecuador en los tres primeros lugares, en tanto que Uruguay se
ubica en los últimos puestos, ya que solo cuenta con legislación antidiscriminatoria pero
no tiene una ley que atienda la situación de vulnerabilidad de las personas
afrodescendientes. Nuestro país solo se encuentra más adelante que Chile y El Salvador,
quienes cierran el ranking como países sin leyes antidiscriminatorias ni normativa a favor
de las personas afrodescendientes.
Atento a la sensibilidad que genera este tema y en el marco de la conmemoración
internacional, durante este año se han celebrado diferentes instancias para abordar la
temática. A nivel de la ONU y de la OEA, a principios de año se celebraron sendos
encuentros temáticos, con el fin de analizar la coyuntura internacional.
En relación a Uruguay se reconocen avances hacia la igualdad de oportunidades,
pero se advierte por la lentitud del cambio y la ausencia de políticas públicas focalizadas a
este colectivo.
Los afrodescendientes representan aproximadamente el 10% de la población
uruguaya, según las estadísticas oficiales más recientes.
A pesar de la existencia de la Ley Nº 17.817 de lucha contra el racismo y la
xenofobia, la población afro es discriminada y se cuenta con cifras que muestran
claramente esta realidad.
Basta con decir que la mitad de los niños pobres uruguayos vive en hogares de
afrodescendientes y que la proporción de pobres en la población afrodescendiente duplica
al resto, tendencia que se agrava al considerar la indigencia. Recientemente el Ministerio
de Trabajo divulgó otras estadísticas preocupantes: los afrodescendientes sufren un
rechazo del 70% en el mercado de empleo y la mayoría de las mujeres que trabajan como
domésticas en nuestro país pertenecen a este colectivo (causa directa de procesos
educativos fallidos).
Es un problema social que debe ser atendido sin más aplazamientos, promoviendo
desde el Estado acciones inclusivas para incorporar definitivamente a este colectivo a
nuestra vida en sociedad. Este planteo, en definitiva, recoge insistentes demandas de
organizaciones afrodescendientes.
Contamos con suficientes diagnósticos y es momento de plasmar en los hechos una
serie de políticas de Estado para revertir esta situación.
Consideramos oportuno que desde el Parlamento se apruebe una ley en el marco de
lo que se denomina acciones afirmativas, con un conjunto de normas que favorezcan la
participación de los afrodescendientes, principalmente en las áreas educativa y laboral.
Los criterios de equidad suponen tratar diferente a quienes necesitan cosas
diferentes. Está demostrado que el sistema por sí solo no corrige algunas inequidades y – 4 –
es entonces que se requiere la intervención del Estado, para ayudar a los sectores más
vulnerables que no pueden salir de la pobreza estructural sin asistencia directa.
Las estadísticas dicen que el cuello de botella para este colectivo es el tercer año
liceal; muy pocos pasan a cuarto año, la mayoría queda afuera del bachillerato y
constituyen una ínfima minoría los estudiantes de origen afro que acceden a la
Universidad.
En lo laboral, ocupan los empleos menos calificados, percibiendo los sueldos más
sumergidos.
Pensamos que así como se aprobaron otras leyes en salvaguarda de intereses de
sectores vulnerables, justo sería aprobar un conjunto de normas para el caso de los
afrodescendientes, por la realidad antedicha.
En definitiva, creemos que con este proyecto estamos contribuyendo decididamente
a un cambio positivo, tendiente a la equidad racial y a la justicia social.
A su vez, en cierta forma constituye una reivindicación histórica que Uruguay asume
en el marco de sus 200 años.
Legislar en este sentido también es, en última instancia, una aceptación del Estado
uruguayo por su responsabilidad en la construcción histórica de la discriminación racial,
cuyos alcances aún perduran.

Montevideo, 6 de diciembre de 2011.

DANIELA PAYSSÉ
REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO
CARLOS COITIÑO
REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO
FELIPE CARBALLO
REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO
SUSANA PEREYRA
REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO
DOREEN JAVIER IBARRA
REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO
ANTONIO GALLICCHIO
REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO
JULIO BANGO
REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO
NICOLÁS PEREIRA
REPRESENTANTE POR CANELONES

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